USURA EN EL “REVOLVING”
Costa Rica es una plaza financiera con pocos actores, muy protegida y poco competitiva. Hay pocos actores grandes que acaparan buena parte del mercado, según los diferentes productos financieros, y actúan como si se lo repartieran. Hay un marco reglamentario laxo y permisivo que facilita una serie de prácticas abusivas contra los consumidores financieros. También se evidencia cierta “captura regulatoria” cuando vemos la poca protección de los consumidores financieros.
En el mercado de tarjetas de crédito hay actores dominantes que incurren en prácticas y comportamientos más allá de lo abusivo, extrayendo con mucha opacidad rentas excesivas a sus clientes, lo que consideramos podría tipificar en diversos delitos.
La asimetría entre las entidades financieras y sus clientes hace poco fácil la reivindicación de derechos y la defensa contra prácticas abusivas y delictivas. Es poco viable que un cliente pueda enfrentar a su banco en un proceso judicial por ser oneroso y posiblemente de mucha duración. Nuestro objetivo es unir esfuerzos entre muchas víctimas y facilitar el acceso a la justicia.
Mercado de tarjetas de crédito. De acuerdo con la información recopilada al 31 de enero de 2020, en el país operan 31 emisores de tarjetas de crédito, que incluyen entidades de la banca privada, banca pública, cooperativas y empresas privadas. Según datos del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) existen casi tres millones de tarjetas de crédito en circulación al 31 de enero de 2020 (incluyendo titulares y adicionales); con un saldo deudor acumulado de ₡1.271.085.000.000 (995.423.861 euros); el 70% de las tarjetas cobran intereses nominales entre 40,0% y 49,9%; si tomamos en cuenta la periodicidad (12) del pago de las cuotas, comisiones y seguros, podríamos llegar a una tasa anual equivalente (TAE) que podría oscilar entre 50% y 60% o más.
Si consideramos que el costo de las entidades financieras de captar recursos (tasa básica pasiva, TBP) es de alrededor de 3,75%, la inflación está entre 2% y 3% anual y que los créditos de consumo no superan el 15%, podemos afirmar que las tasas de interés que se cobran en tarjetas de crédito son cuando menos excesivas, e incluso podrían ser calificadas de usura.
Impacto en el sistema judicial. Las malas prácticas y el abuso de emisores de tarjetas de crédito está colapsando el sistema judicial. Se estima que hay más de 700 mil casos en los juzgados de cobro judicial, de los cuales más de 500 mil corresponden a deudas de tarjetas de crédito. Estos juzgados emplean 350 funcionarios judiciales y 86 jueces, con un presupuesto de más de 12.000 millones de colones.
Meta del proyecto. Considerando la cantidad de tarjetas de crédito en circulación, el alto nivel de endeudamiento, lo abusivo/delictivo de las prácticas bancarias y la imperiosa necesidad de equilibrar el mercado, se estima como viable constituir procesos colectivos con no menos de 1.000 demandantes.
Plataforma tecnológica. Para efectos de eficiencia, de seguridad y de facilitar el manejo de la información, se ha diseñado un proceso automatizado en línea donde los ofendidos podrán unirse al proceso, subir la información, afiliarse y ejecutar otros procesos con extrema facilidad y confidencialidad.
Los interesados puedes llenar el siguiente formulario: